Una orden de protección es una orden judicial civil destinada a proteger a una persona del maltrato doméstico, el acoso o la agresión sexual. En Nuevo México, estos casos se presentan ante el Tribunal de Distrito conforme a la Ley de Protección contra la Violencia Familiar.

Un tribunal puede emitir una orden de protección provisional antes de la audiencia, basándose en las alegaciones presentadas en una petición jurada. Si se emite una orden provisional, el tribunal generalmente programará una audiencia dentro de los diez días siguientes, en la cual ambas partes podrán presentar testimonios, testigos, documentos, fotografías, comunicaciones electrónicas y otras pruebas.

Una orden de protección puede prohibir el contacto, exigir que una de las partes se mantenga alejada de lugares específicos, otorgar la posesión temporal de una vivienda y establecer acuerdos temporales de custodia, visitas o manutención. También puede requerir asesoramiento psicológico, restringir la transferencia de bienes y afectar la posesión de armas de fuego. Si bien el procedimiento es civil, violar una orden de protección puede resultar en arresto y cargos penales.

Nuestro despacho representa tanto a quienes solicitan protección como a quienes son acusados de violencia doméstica. Ayudamos a nuestros clientes a preparar o responder a solicitudes, reunir pruebas, preparar testigos, comparecer en audiencias y solicitar la modificación, prórroga o cancelación de una orden judicial vigente.

Dado que una orden de protección puede afectar a su familia, residencia, empleo, derechos sobre armas de fuego y procedimientos penales o de custodia relacionados, es importante obtener asesoría legal de inmediato. Comuníquese con nuestra oficina para hablar sobre sus derechos y las circunstancias específicas de su caso.

Esta información es de carácter general y no constituye asesoramiento legal. La visita a este sitio web o el contacto con el bufete no crea una relación abogado-cliente.